Un juez especializado de Antioquia condenó por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito a los integrantes del Comando Central del ELN (COCE), Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’, a 20 años y 4 meses de prisión, en hechos ocurridos entre 2004 y 2018 en Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. 

Las víctimas tenían entre 8 y 17 años y algunas fueron vinculadas mediante falsas promesas, amenazas y violencia física. 

Asimismo, fueron sentenciados los cabecillas del Frente de Guerra Occidental Emilcen Oviedo Sierra, alias ‘Martha’ o ‘La Abuela’, a 14 años y 2 meses de prisión; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias ‘Jairo’, a 12 años y 8 meses; y Levis Dairon Polo Regino, alias ‘Cholo’, e Isaac Tuberquia Arias, alias ‘Bernardo’, a 11 años y 10 meses de prisión.

La decisión también vinculó a los jefes del Frente de Guerra Darío de Jesús Castro, Sunilda del Carmen Hoyos Gil, alias ‘Yeimi’; Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias ‘Nelson’; y William Alexander Zapata Mora, alias ‘Patacón’, quienes fueron sentenciados a 11 años y 8 meses de prisión. 

Los 11 condenados fueron declarados personas ausentes durante el proceso. 

De acuerdo con la investigación, una vez incorporados a esa organización ilegal, los menores eran obligados a cumplir diferentes labores, entre ellas prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y realizar trabajos pesados. 

Otros cumplieron roles como radistas y participaron en combates, cobro de extorsiones e instalación de explosivos. Tres murieron mientras permanecían en las filas del ELN. 

Las pruebas acopiadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos fueron presentadas en juicio oral evidenciaron castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual. 

Algunas niñas fueron sometidas por parte de cabecillas de esa organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos. Lo anterior, siendo situaciones que alteraron el curso y desarrollo de sus vidas, fracturando y vulnerando la posibilidad de una niñez y adolescencia digna. 

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El fallo de primera instancia ordenó librar órdenes de captura y oficiar a Interpol para el trámite de las respectivas notificaciones rojas, con el propósito de hacer efectivas las penas una vez queden en firme las condenas. La decisión fue apelada.